Las dificultades continúan en las compras de medicinas y material de curación, así como en el pago a proveedores del sector salud. Mientras la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) “aparentemente” concluyó el proceso para comprar “una parte mínima” de lo que se requiere para el segundo semestre del año, las instituciones realizan por su cuenta licitaciones y compras directas para la mayoría de sus necesidades, aseguró Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf).
Comentó que Unops inició hace unas tres semanas el envío de avisos a proveedores que participaron en la licitación internacional, con el fin de informarles que fueron seleccionados. Pero como lo hizo el año pasado, la agencia solicita documentos e indica a las empresas que no pueden empezar la fabricación de los productos hasta que se firme el contrato, para lo cual no hay fecha. Esto representa un inconveniente porque los fabricantes no pueden planear su producción ni adquirir las materias primas que, de por sí, han aumentado de precio.
En entrevista, De Villafranca señaló que tampoco hay transparencia en el resultado de la licitación, porque Unops ni siquiera da a conocer el listado de las claves asignadas. Ni Insabi ni la agencia de Naciones Unidas han atendido las solicitudes de información al respecto.
Advirtió que, ya con los tiempos encima, se supone que los contratos empezarán en julio, aunque todavía hace falta saber cuántas claves se quedaron desiertas. Recordó que de 150 millones de piezas de medicamentos que se debieron adquirir en 2021, se obtuvieron 90 millones y de éstas, sólo la mitad fue por medio de licitaciones. El resto se resolvió con compras directas, las cuales representan una erogación mayor para las instituciones de salud.
El directivo de Amelaf comentó que persisten las deudas con los proveedores y que la plataforma electrónica anunciada por Insabi hace varios meses, y con la cual se agilizarían los trámites, no ha funcionado.
Otro obstáculo podría ser el proyecto de reforma legal que propone transferir la responsabilidad de las compras del sector público a la Secretaría de la Función Pública.
Será un reto y podría implicar nuevos retrasos, como los varios que ha habido desde 2019. Al inicio de la administración, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda organizó la primera compra consolidada de insumos para salud, luego la responsabilidad pasó al Insabi que, a su vez, firmó el convenio con Unops para que hiciera las compras en el extranjero. Hasta ahora, los resultados no son los esperados, ya que los pacientes siguen sin recibir los tratamientos con oportunidad, sostuvo.
