El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) afirmó que cumplirá la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reserva de información de contratos sobre la adquisición de vacunas contra Covid-19, aunque advirtió que el abrir esta información es una obligación constitucional.
La SCJN determinó que las órdenes del pleno del INAI de hacer pública los contratos de la compra de vacunas y los comprobantes de pago de las mismas vulnera la seguridad nacional.
Por lo que desechó el pedido de revocación de la reserva de la información del INAI al gobierno federal, que pedía que se redujera de cinco a dos años.
La decisión de la SCJN contraviene la determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró el INAI, en la que, dijo, los gobiernos deben hacer públicos los esfuerzos de combate a la Covid-19 y que la información sobre la salud pública debe ser prioritaria.
Esto aseguraría el derecho de acceso a la información en medio de la emergencia sin establecer «limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público».
Además de ser una obligación constitucional de rendición de cuentas, al ser una compra realizada con recursos públicos, por lo que la información debe ser accesible para todos.
El Instituto aseguró que se mantendría al pendiente de la notificación de la SCJN para conocer qué fue lo que llevó a los ministros y ministras a votar en favor del proyecto.
Anteriormente, el INAI ordenó a la Secretaría de Salud federal (SSa) que proveyera de las versiones públicas de los contratos para la compra de las vacunas anticovid de las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik, Serum y Sinovac, hecho que fue impugnado por la Consejería Jurídica de la Presidencia.
De igual forma, pidió confirmar el estatus de la información de los comprobantes de pago de las mismas, siendo información prioritaria en el contexto de la pandemia. BG
